El año 2026 se perfila como un periodo de transición y consolidación normativa en el ámbito laboral español, con una agenda marcada menos por reformas estructurales radicales y más por la aplicación, control y perfeccionamiento de medidas iniciadas en ejercicios anteriores. Aunque algunas disposiciones todavía dependen de una dudosa aprobación parlamentaria, muchas otras ya están impactando —o lo harán pronto— en la gestión de recursos humanos y en las oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes que acceden al mercado laboral por primera vez.
Contratos formativos y políticas de empleo juvenil
Uno de los ejes fundamentales de 2026 será la regulación más estricta de los contratos formativos y prácticas, que afecta directamente a los jóvenes que buscan experiencia profesional. Desde finales de 2025 se ha aprobado un real decreto que desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, introduciendo nuevas obligaciones, límites y requisitos para los contratos de formación, tanto en la modalidad de formación en alternancia como prácticas profesionales. Estas normas entran en vigor de manera progresiva y obligan a las empresas a revisar detalladamente la documentación y el cumplimiento de las condiciones formativas. Ver más información aquí.
Además, continúa en proceso legislativo el Estatuto de las Personas en Formación Práctica (Estatuto del Becario), diseñado para delimitar claramente qué constituye una práctica formativa legítima y evitar que estas experiencias se utilicen indebidamente como mano de obra barata. Entre otras exigencias, el estatuto prevé planes de formación individualizados, tutorización efectiva y límites al número de personas en prácticas por tutor. Su aprobación definitiva en 2026 podría tener un impacto importante en las estrategias de contratación juvenil.
En términos de políticas públicas y empleo juvenil, diversas comunidades y agentes sociales han puesto en marcha programas específicos que combinan formación y contrato, especialmente en sectores con alta demanda de mano de obra cualificada. Por ejemplo, iniciativas de formación en oficios vinculados a la electricidad, fontanería y construcción han logrado compromisos de contratación tras la fase de instrucción, mostrando la viabilidad de este modelo para enfrentar el desempleo juvenil y la falta de relevo generacional en sectores técnicos. Un ejemplo es el que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Mérida (Extremadura), con el programa “Barraeca V” que combina formación técnica con inserción laboral efectiva; este proyecto, dotado con más de 1,1 millones de euros, ofrece especialidades formativas en fontanería y rehabilitación de viviendas, electricidad en edificios e instalaciones.
Más obligaciones empresariales y de control
Para las empresas, 2026 incrementa la complejidad normativa. Las obligaciones de registro horario digital obligatorio y la intensificación del control por parte de la Inspección de Trabajo suponen retos operativos y de cumplimiento. Las compañías deberán adaptar sus sistemas de nómina y control de jornada para cumplir con requisitos de fiabilidad, accesibilidad y trazabilidad, bajo riesgo de sanciones crecientes.
Además, se mantiene el enfoque en la lucha contra la temporalidad fraudulenta, con especial atención al uso de modalidades como contratos fijos-discontinuos. La Inspección revisará si estas figuras se aplican correctamente según la naturaleza de la actividad, lo que tiene implicaciones para la calidad de la contratación, incluyendo de jóvenes trabajadores.
Perspectivas para los oficios técnicos
Un aspecto interesante para sectores como el de instalaciones técnicas de edificios es la creciente conciencia sobre la falta de relevo generacional. Sectores como el de la instalación eléctrica se enfrentan al desafío de la escasez de jóvenes profesionales, pese a que la digitalización, la eficiencia energética y las normativas ambientales están expandiendo la demanda de estos perfiles. Se han puesto en marcha iniciativas como ‘Futuro Laboral de las Instalaciones’ o se llevan a cabo concursos y programas de formación que combinan aprendizaje y práctica profesional buscan atraer talento joven a estas ocupaciones con alto potencial de inserción laboral.
En conjunto, 2026 se perfila como un año de consolidación normativa, con un foco claro en regulación de prácticas y formación para hacer más transparente y justo el acceso al empleo juvenil. La combinación de mayores obligaciones empresariales y programas de formación con contratación puede ofrecer nuevas oportunidades para los jóvenes, especialmente si se alinean con sectores técnicos esenciales para la transformación energética y la rehabilitación de edificios. Sin embargo, la complejidad normativa también exige a las empresas un esfuerzo mayor en cumplimiento, planificación y adaptación de sus políticas de empleo.