El Gobierno de España ha dado un paso en la regulación de las prácticas formativas estudiantiles con la aprobación en segunda lectura en el Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2026 del anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, una norma que busca modernizar y proteger la figura de los estudiantes en prácticas no laborales ante situaciones de precariedad y abusos. Este estatuto ahora inicia su tramitación en el Parlamento.
La iniciativa, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, establece un marco legal que limita las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas, obliga a las empresas y entidades a compensar los gastos de transporte, manutención o alojamiento que asuman los becarios y contempla un régimen sancionador con multas de hasta 225.000 euros para quienes incumplan la normativa.
Según los responsables del Ministerio de Trabajo, este estatuto pretende combatir la precariedad juvenil, evitar que estudiantes realicen funciones propias de trabajadores sin contrato y asegurar que las prácticas estén enfocadas en el aprendizaje real. Aunque la norma ya fue aprobada por el Ejecutivo, su aprobación definitiva dependerá de su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde se prevé debate sobre su alcance y efectos.
Y es que el anteproyecto ha generado una fuerte controversia social y política, con apoyos desde sectores que consideran que protege los derechos de los jóvenes en formación, y críticas desde otros que advierten sobre posibles efectos negativos en la oferta de prácticas y cargas para las empresas.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca dar mayor seguridad jurídica a los periodos de prácticas y asegurar que estas aporten valor formativo y no se conviertan en trabajo no protegido o mano de obra barata, reforzando así la transición entre la formación académica y el empleo.